El pasado 5 de Abril se cumplieron 38 años del fallecimiento de Rómulo Gallegos, probablemente la más importante  pluma de la literatura venezolana, un hombre de su tiempo, que además de su destacada altura como escritor supo hacerse presente como pedagogo y como político.

Esto es evidente en sus obras mas insignes: “Doña Bárbara”, “Cantaclaro” y “Canaima”, todas escritas antes del golpe de estado que le obligó a exiliarse en 1948 y en las que el hilo conductor de la trama es el contraste entre lo civilizado, encarnado siempre por el personaje de la ciudad, con estudios, con herramientas intelectuales, morales y filosóficas que le permiten percibir un mundo ordenado, o al menos ordenable, claro y manejable, la semilla del desarrollo en la voluntad inquebrantable del personaje de llevar la civilización y sus ideas de progreso a estas zonas agrestes y poco desarrolladas en contrapartida a los personajes representantes de la barbarie, que utilizando sus herramientas “naturales” de violencia, ignorancia, superstición presentan una barrera a menudo, en apariencia infranqueable a las intenciones de la civilización tal como la pensaba Gallegos; vinculados ambos aspectos opuestos a través de emociones humanas compartidas como la ambición, el amor, los celos, el honor...

En noviembre de 1936, durante el gobierno del general Eleazar López Contreras, Alejandro Oropeza Castillo, líder sindical y político venezolano, promotor de la creación del Ministerio del Trabajo y de leyes que ampararan a los trabajadores, firmó en su condición de presidente del comité organizador una convocatoria dirigida a todos los sindicatos y gremios obreros del país invitándolos a reconocer la urgencia de la situación laboral venezolana de aquel entonces y a participar en el primer Congreso de Trabajadores Venezolanos pocos meses después de la huelga general de Junio de 1936 y que a la postre le valdría su reclusión en la cárcel de El Obispo en Caracas y su expulsión del país.

Esta convocatoria es considerada en Venezuela un documento histórico y por ello es conservada en los Archivos de la Academia Nacional de la Historia en su sede, el Palacio de las Academias, en Caracas.

Lo relevante el día de hoy de esta convocatoria es que su primer párrafo, en especial la última frase, pareciera haber sido escrito la semana pasada. Es un llamado a la unión, a la defensa de las condiciones del trabajo bajo la amenaza de destrucción por parte del gobierno de la época; un "...mandato ineludible de la propia realidad, no nos queda otro camino que atenderlo o perecer definitivamente."

Hoy, a 71 años de aquella urgente convocatoria, la emergencia persiste y se reproducen las condiciones denunciadas: Está en estudio el "Proyecto de Ley Especial de los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras" que espera su aprobación y ejecución por vía de los poderes especiales conferidos al Presidente de la República a través de la Ley Habilitante.

El papel de trabajo de la Comisión que estudia y planifica las reformas a nuestra Constitución, (o al menos una parte de él), y que ya tiene en su poder el Presidente de la República para su aprobación, se filtró ayer a los medios de comunicación; un grueso fajo de papeles donde están impresos, de un lado los artículos de la Constitución vigente, del otro las modificaciones sugeridas a cada artículo y en el medio de ambos los comentarios que a cada modificación han hecho los miembros de la Comisión.

La Constitución venezolana vigente, la de 1999, la "Bolivariana", o como la llama el propio Presidente: "La Bicha", además de ser una Constitución defectuosa e intencionada, como ha demostrado ampliamente la experiencia desde su aprobación, fue presentada para su aprobación a un país que no había elegido con el debido cuidado a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que la redactó; a un país que la sancionó por medio del voto en un referéndum sin haber leído el texto definitivo y a un país que no hizo caso de las denuncias de cambios o modificaciones, aparentemente inofensivas, que se le hicieron a la redacción de algunos artículos una vez aprobada y sancionada.

La Constitución reformulada debería ser aprobada también por referendo pero la experiencia nos indica, por un lado, que el grueso de la población no se tomará el trabajo de leerla COMPLETA y comprender el significado real de los cambios antes de votarla y por otro lado, las dudas aún no despejadas sobre la transparencia del órgano encargado de realizar el referendo, el Consejo Nacional Electoral, no hace más que aumentar las preocupaciones, en especial, después del absoluto fracaso de las recién convocadas jornadas de recolección de firmas para los revocatorios a gobernantes regionales y municipales (que por si mismas ameritan todo un artículo en exclusividad).